LA HORA PRESENTE

Gonzalo Gamio Gehri

Lo que ha sucedido en el Congreso en cuanto al nombramiento del Defensor del Pueblo, así como a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y del Banco Central de Reserva es realmente inaceptable y vergonzoso. Ya no necesitamos un gobernante autoritario como Fujimori para arrasar con nuestras instituciones o debilitarlas hasta la agonía; los congresistas pueden hacer ese perverso trabajo, repartiéndose los cargos de estos importantes organismos públicos de control, seleccionando a sus componentes a partir de sus afinidades partidarias y mezquinos intereses de facción. Qué gran pasión por la legalidad y las libertades básicas puede abrigar quien elige candidatos privilegiando las expectativas de poder antes que la trayectoria profesional, la formación académica, el compromiso democrático y la integridad de las personas. Pregúntese el lector cuántos entre esos candidatos al TC son constitucionalistas, cuántos son doctores, o enseñan o han publicado libros de derecho constitucional. Esos elementos básicos de juicio no cuentan para nuestros congresistas.  Con esta clase de negociaciones inescrupulosas degradan el ejercicio de la política y minan el funcionamiento de nuestra inestable democracia. Han privilegiado el cálculo instrumental partidario sobre su responsabilidad con la institucionalidad y la justicia básica en materia de lo público. Esta actitud ha merecido el rechazo de la ciudadanía.

Llama la atención la reacción de los principales dirigentes políticos peruanos. El Presidente Ollanta Humala exhorta a Sousa y a Freitas a dar un paso al costado, pero pretende que las personas sugeridas por Gana Perú para esos puestos se mantengan en el cargo. Alan García, a su turno, alega que esta elección debería quedar sin efecto, pero no dice que su real intención es que la actual composición del Tribunal Constitucional – que incluye personajes vinculados al aprismo – permanezca en el ejercicio de la función pública. Keiko Fujimori, por su parte, condena la actuación del parlamento, pero pretende que olvidemos que ella participó en las negociaciones que culminaron con la postulación fujimorista del abogado personal del ex presidente recluido en la Diroes, un personaje que no es especialista en derecho constitucional y que no se ha distinguido precisamente por comprometerse con la causa de los derechos humanos. Estos líderes políticos omiten toda referencia a su participación en la componenda y en la posterior  decisión respecto a la elección de los integrantes de estos organismos fundamentales. Sus esfuerzos por revertir la situación revelan evidente cinismo e hipocresía.

Las movilizaciones de estudiantes y trabajadores contra este modo de proceder de los parlamentarios y de sus dirigentes nos ha llevado a que nos preguntemos si en el Perú se está gestando una nueva forma de acción política. Hay quienes consideran que estas marchas podrían ser el anuncio de un resurgimiento de un espíritu cívico semejante al de las protestas contra el régimen de Alberto Fujimori. Otros dicen que estaría por nacer un movimiento de indignados como el desarrollado en España o Brasil. Es muy pronto para concluir cualquiera de las dos cosas. Lo cierto es que se necesita la construcción de  una ética del compromiso cívico para garantizar la vigencia del Estado de derecho y el fortalecimiento de instituciones autónomas.  Estas instituciones no se defienden solas: poco podemos esperar de una autodenominada “clase dirigente”, centrada en sus propios intereses y prerrogativas, tan complaciente con el autoritarismo y tan altamente tolerante a la corrupción. La institucionalidad democrática requiere ciudadanía activa. La ciudadanía requiere, a su vez, de un cuerpo legal y político que le brinde pautas y canales a través de los cuales pueda desplegarse. Yerran los que hoy piden cerrar el Congreso, haciendo eco de esas malhadadas  voces que una vez avalaron y aplaudieron la autocracia y la rapiña del fujimorato. Ese remedio siempre ha sido peor que la enfermedad. Necesitamos de los principios e instituciones de la democracia formal tanto como de la  acción política de las personas.