LA TRANSICIÓN INACABADA

EL PROYECTO DE JUSTICIA TRANSICIONAL FRENTE A LA "RESTAURACIÓN CONSERVADORA"

Gonzalo Gamio Gehri

En el Prefacio a la segunda edición de Hatun Willakuy – la versión abreviada del Informe Final – Salomón Lerner señala que, en el contexto de la elaboración y discusión este documento, los comisionados describieron “la coexistencia inarmónica de los distintos mundos sociales y culturales que componen nuestro país: imágenes del mundo, lenguas, memorias, valores y proyectos que integran la sociedad peruana”[1]. Sostiene acertadamente que la violencia ha marcado la historia de esa precaria coexistencia se debe en gran medida a la vocación de nuestras “élites” de asumir como dadas determinadas formas de desigualdad social y discriminación racial y cultural. Esta disposición a la exclusión del otro (y prácticamente a institucionalizar la exclusión a través del centralismo, la ausencia del Estado en las zonas altoandinas y amazónicas, la inexistencia de políticas interculturales y multilingüísticas en materia educativa y legal) alimentó la división interna y propició el clima de violencia que vivimos en las dos últimas décadas.

“En nuestra patria las diferencias no son solamente eso: constituyen también pretextos para la preservación de un orden jerárquico cuestionable. Por ello, estudiar al Perú de la violencia implicó también hacer las cuentas de lo que significa vivir en una sociedad donde se presume como dato natural, y por ende innecesario de justificarse, la superioridad de unos sobre otros en razón de sus orígenes étnicos. El proceso que examinamos fue, así considerado, el develamiento de nuestra propia constitución como sociedad enemistada consigo misma. Los recelos entre sectores sociales y culturales diversos y atendidos de manera muy desigual por el Estado; las presunciones altaneras de los poderosos sobre los excluidos; la vocación elitista de los poderes públicos, todo ello apareció como el sustrato de la violencia misma, como el fermento que ayuda a explicar – aunque de ningún modo lo justifique – el proceder atroz de los actores armados y la complacencia de ciertos sectores sociales con la violencia, según el lado del que ella viniera”[2].


Puede constatarse que, a pesar de que las condiciones sociales y culturales que constituyeron el caldo de cultivo del conflicto armado interno siguen operativas en nuestro país, nuestra “clase dirigente” – como asevera Lerner con contundencia - ha “optado por la inercia”. Los efectos de un relativo y reciente crecimiento económico – sin mecanismos de redistribución de la riqueza -, y de una apertura comercial a los grandes mercados, ha llevado a quienes ejercen funciones de poder en el sistema político y en la sociedad a dirigir la mirada hacia otros temas nacionales – los tratados de libre comercio – o a atender situaciones de coyuntura, como la contención de las protestas sociales al interior del país, o los escándalos de corrupción en el gobierno. El tema de la reconstrucción de la memoria histórica y la reparación de las víctimas de la violencia ha perdido protagonismo en la escena pública. Nuestros políticos y “líderes de opinión” ni siquiera han logrado hacer explícitos los vínculos entre el proceso de violencia vivido, las condiciones sociales del conflicto armado y las situaciones de precariedad política que todavía afrontamos. El texto se refiere a estoe fenómeno en términos de una "restauración conservadora" presente en las actitudes del gobierno actual, su indiferencia frente a los temas de Derechos Humanos y su (no tan encubierta) alianza con el fujimorismo.

El proceso de transición democrática que tuvo lugar entre noviembre de 2000 y julio de 2001 alimentó las esperanzas de muchos ciudadanos de buena voluntad que percibieron la caída del régimen de Fujimori, la composición del gobierno de Valentín Paniagua y el particular énfasis que éste puso en la lucha contra la corrupción y en el fortalecimiento de las instituciones como una oportunidad – Lerner usa la expresión Kairós, el tiempo propicio - para romper con la herencia autoritaria y excluyente que ha marcado el curso de nuestra historia republicana. Los viejos rostros de la política criolla – incluso aquellos que se comprometieron explícitamente con la agenda autoritaria de los noventa, y que apostaron por la impunidad de los perpetradores de delitos contra la vida y contra la democracia – desfilan hoy por los sets de los medios de comunicación que consideran dichos compromisos parte de la anécdota, producto de los vaivenes de la vida pública. El gobierno actual no oculta cierta simpatía por los métodos tradicionales de la política peruana. El ‘espíritu de ruptura’ que requiere el cumplimiento cabal del proyecto transicional se ha ido apagando, para dar paso al ejercicio de la “política del día a día”: negociaciones y alianzas entre los grupos políticos con representación en el congreso para silenciar denuncias de corrupción y mantener inmunidades parlamentarias, discursos presidenciales en torno a las “líneas” que seguirá el Estado para conjurar la crisis económica, etc. Las cuestiones relativas a la recuperación pública de la memoria y a las políticas de Derechos Humanos – temas centrales de la llamada justicia transicional – han perdido interés para los círculos oficiales de la política peruana (cuando no se trata de “investigar” la labor de las organizaciones no gubernamentales, o de examinar los contenidos de los textos escolares que “sospechosamente” se ocupan de estas materias).

Lamentablemente, este rechazo de la agenda transicional está poderosamente presente en cierto sector de la prensa, la misma que protagonizó la campaña contra la CVR, y que hoy acompaña al gobierno actual en el esfuerzo por criminalizar la protesta, o sembrar la sospecha contra el menor asomo de oposición política en los partidos que tienen representación parlamentaria. Se trata de los mismos medios que han procurado anatemizar a las organizaciones de Derechos Humanos, y que han estigmatizado el pensamiento progresista en el Perú con el indeterminado y ofensivo rótulo “izquierda caviar”. Se busca con ello debilitar el debate público en el Perú, reduciendo el número de sus interlocutores, bloqueando la pluralidad de voces e intentando vetar una serie de temas que escapan al registro de la “política corriente”. No siempre los medios de comunicación han garantizado la apertura de foros de conversación cívica en los que puedan plantearse asuntos de interés común como el que mencionamos. Corresponde a la ciudadanía recuperar espacios públicos que permitan someter a discusión las condiciones actuales de la violencia, así como las necesarias reformas institucionales que permitan afrontarlas - y superarlas - en y desde la democracia.

Actualización: El historiador Jorge Valdez ha publicado en su blog una exhaustiva bibliografía en torno a Hatun Willakuy.

[1] Comisión de la Verdad y Reconciliación Hatun Willakuy Lima, CVR 2008 p. I.
[2] Ibid.