UNA DEFENSA DEL COMPROMISO DE LA CVR CON LA JUSTICIA Y LA RECONCILIACIÓN
Gonzalo Gamio Gehri
En pocos días se cumplirán cinco años de la entrega del Informe de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación. El documento fue entregado a la ciudadanía y a las autoridades del Estado en una circunstancia histórica peculiar – se trataba de un contexto transicional, a pesar de que el gobierno de Alejandro Toledo mostraba cierta debilidad y desidia frente a la tarea de darle continuidad a las medidas iniciadas por la administración Paniagua -, en contraste con la actual coyuntura, que parece haber marcado una vuelta a la “vieja política”, picaresca, sinuosa y abiertamente indiferente frente al tema de los Derechos Humanos. El Informe, no obstante, plantea un vigoroso desafío a los ciudadanos peruanos y a sus representantes: constituye una investigación interdisciplinaria rigurosa y honesta sobre las condiciones de la violencia y la exclusión en el país, condiciones que no han recibido la atención debida por la autodenominada “clase dirigente” y que podrían – Dios no lo quiera – desencadenar futuras crisis o generar focos de violencia.
La CVR fue objeto de una despiadada y perversa campaña difamatoria, con la que se comprometieron los medios de prensa vinculados (entonces y hoy) a la mafia de los noventa. Mucha de la mala fe destilada en las páginas de esa prensa subterránea suponía una serie de hipótesis que una lectura mínimamente atenta del Informe Final hubiese echado por tierra: que el documento pretendía señalar la “verdad definitiva” acerca del conflicto, que era condescendiente con los grupos terroristas y hostil frente a las Fuerzas Armadas, que pretendía “reconciliar” a los actores de la violencia, y otras suposiciones infundadas de ese estilo. Una revisión del texto de las conclusiones hubiera bastado a estos personajes para reconocer que la CVR consideraba a Sendero Luminoso como el principal violador de los Derechos Humanos, o que la reconciliación debía ser entendida en términos de la regeneración de los lazos entre el Estado y la sociedad, así como en el seno de las comunidades que fueron vulneradas por la violencia, etc. Pero los ataques se convirtieron luego en personales. Salomón Lerner y los demás comisionados afrontaron con genuino valor y entereza moral esta oscura campaña – que incluso llegó al perverso terreno de las amenazas -. La ciudadanía reconoce sin duda la calidad de su trabajo y su ejemplo.
El Informe Final fue recibido con evidente hostilidad de parte de un sector importante de la “clase política” – pues el documento demostraba su responsabilidad frente a la tragedia vivida -, así como una grupo considerable de militares en retiro y una minoría al interior de la jerarquía eclesiástica. Muchos actores políticos no le perdonan a la CVR el haber desmantelado de manera tan sólida las artificiosas y falaces "historias oficiales" que la autodenominada "clase dirigente" se había construido desde situaciones de poder y privilegio. La Defensoría del Pueblo, sectores importantes de la sociedad civil, ciertas instituciones educativas y comunidades religiosas recogieron el Informe para su discusión. La tarea de hacer del documento objeto de un diálogo amplio en el ámbito del Estado y la sociedad permanece pendiente, dadas las resistencias de quienes actualmente ostentan posiciones de poder en los círculos políticos y en los institutos armados. Poco se ha avanzado en los últimos años en torno al seguimiento de las recomendaciones de la CVR y a la implementación del Plan Integral de Reparaciones. Sabemos que, aparentemente, en el imaginario del gobierno aprista – que no oculta sus simpatías por los fujimoristas – el proceso de transición es asumido como una especie de lapsus histórico en el devenir de la política criolla.
Hoy por hoy, el gran adversario del proyecto de justicia y reconciliación social es la indiferencia, el retorno a lo que Félix Reátegui llamaba lúcidamente la “política corriente”. Nuestros intelectuales están asimismo divididos, aunque de modo asimétrico. Muchos han asumido explícitamente una posición favorable frente al proyecto de justicia transicional, han examinado el Informe y han escrito sobre él precisando o destacando sus fortalezas y discutiendo aquellas tesis que suscitan desacuerdos. Hay quienes no lo conocen, y también esiste una minoría antidemocrática que simplemente tomó la pluma para denostarlo sin apenas haberlo leído. Existen quienes denuncian sólo los hechos terribles que suceden en Oriente Medio, pero no quisieron reconocer los crímenes que se cometían en las entrañas su propio país (e incluso clamaron por la impunidad de los perpetradores). O quienes predican con cierto cinismo que las preocupaciones por los Derechos Humanos conciernen únicamente a las “naciones opulentas” del Hemisferio Norte, ajenas a la realidad del pobre. Todo lo contrario, la lucha por los Derechos Humanos se plantea como un asunto de justicia universal. La recuperación de la memoria constituye una exigencia ética fundamental: encontramos esta poderosa tesis en tradiciones tan diversas como en la tragedia griega y en la herencia de los Profetas y en el Nuevo Testamento (1). En términos de Todorov, “Justicia” es el otro nombre con el que conocemos a la memoria crítica (o ejemplar) . La memoria no consiste en un vano y evasivo juego de palabras o de abstracciones que soslayan lo que de veras importa; no es un juego de espejos. Estamos hablando de nuestro prójimo, no del escueto “Ser” o de la “Idea Absoluta”. Se trata de la memoria del sufrimiento real de las víctimas, de personas de carne y hueso, con nombre propio, esos decenas de miles de seres humanos concretos cuya tragedia la “clase política” se esfuerza por desconocer (piénsese en el caso de Putis). Se trata de recuperar críticamente esa historia, y hacerla realmente nuestra.
En pocos días se cumplirán cinco años de la entrega del Informe de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación. El documento fue entregado a la ciudadanía y a las autoridades del Estado en una circunstancia histórica peculiar – se trataba de un contexto transicional, a pesar de que el gobierno de Alejandro Toledo mostraba cierta debilidad y desidia frente a la tarea de darle continuidad a las medidas iniciadas por la administración Paniagua -, en contraste con la actual coyuntura, que parece haber marcado una vuelta a la “vieja política”, picaresca, sinuosa y abiertamente indiferente frente al tema de los Derechos Humanos. El Informe, no obstante, plantea un vigoroso desafío a los ciudadanos peruanos y a sus representantes: constituye una investigación interdisciplinaria rigurosa y honesta sobre las condiciones de la violencia y la exclusión en el país, condiciones que no han recibido la atención debida por la autodenominada “clase dirigente” y que podrían – Dios no lo quiera – desencadenar futuras crisis o generar focos de violencia.
La CVR fue objeto de una despiadada y perversa campaña difamatoria, con la que se comprometieron los medios de prensa vinculados (entonces y hoy) a la mafia de los noventa. Mucha de la mala fe destilada en las páginas de esa prensa subterránea suponía una serie de hipótesis que una lectura mínimamente atenta del Informe Final hubiese echado por tierra: que el documento pretendía señalar la “verdad definitiva” acerca del conflicto, que era condescendiente con los grupos terroristas y hostil frente a las Fuerzas Armadas, que pretendía “reconciliar” a los actores de la violencia, y otras suposiciones infundadas de ese estilo. Una revisión del texto de las conclusiones hubiera bastado a estos personajes para reconocer que la CVR consideraba a Sendero Luminoso como el principal violador de los Derechos Humanos, o que la reconciliación debía ser entendida en términos de la regeneración de los lazos entre el Estado y la sociedad, así como en el seno de las comunidades que fueron vulneradas por la violencia, etc. Pero los ataques se convirtieron luego en personales. Salomón Lerner y los demás comisionados afrontaron con genuino valor y entereza moral esta oscura campaña – que incluso llegó al perverso terreno de las amenazas -. La ciudadanía reconoce sin duda la calidad de su trabajo y su ejemplo.
El Informe Final fue recibido con evidente hostilidad de parte de un sector importante de la “clase política” – pues el documento demostraba su responsabilidad frente a la tragedia vivida -, así como una grupo considerable de militares en retiro y una minoría al interior de la jerarquía eclesiástica. Muchos actores políticos no le perdonan a la CVR el haber desmantelado de manera tan sólida las artificiosas y falaces "historias oficiales" que la autodenominada "clase dirigente" se había construido desde situaciones de poder y privilegio. La Defensoría del Pueblo, sectores importantes de la sociedad civil, ciertas instituciones educativas y comunidades religiosas recogieron el Informe para su discusión. La tarea de hacer del documento objeto de un diálogo amplio en el ámbito del Estado y la sociedad permanece pendiente, dadas las resistencias de quienes actualmente ostentan posiciones de poder en los círculos políticos y en los institutos armados. Poco se ha avanzado en los últimos años en torno al seguimiento de las recomendaciones de la CVR y a la implementación del Plan Integral de Reparaciones. Sabemos que, aparentemente, en el imaginario del gobierno aprista – que no oculta sus simpatías por los fujimoristas – el proceso de transición es asumido como una especie de lapsus histórico en el devenir de la política criolla.
Hoy por hoy, el gran adversario del proyecto de justicia y reconciliación social es la indiferencia, el retorno a lo que Félix Reátegui llamaba lúcidamente la “política corriente”. Nuestros intelectuales están asimismo divididos, aunque de modo asimétrico. Muchos han asumido explícitamente una posición favorable frente al proyecto de justicia transicional, han examinado el Informe y han escrito sobre él precisando o destacando sus fortalezas y discutiendo aquellas tesis que suscitan desacuerdos. Hay quienes no lo conocen, y también esiste una minoría antidemocrática que simplemente tomó la pluma para denostarlo sin apenas haberlo leído. Existen quienes denuncian sólo los hechos terribles que suceden en Oriente Medio, pero no quisieron reconocer los crímenes que se cometían en las entrañas su propio país (e incluso clamaron por la impunidad de los perpetradores). O quienes predican con cierto cinismo que las preocupaciones por los Derechos Humanos conciernen únicamente a las “naciones opulentas” del Hemisferio Norte, ajenas a la realidad del pobre. Todo lo contrario, la lucha por los Derechos Humanos se plantea como un asunto de justicia universal. La recuperación de la memoria constituye una exigencia ética fundamental: encontramos esta poderosa tesis en tradiciones tan diversas como en la tragedia griega y en la herencia de los Profetas y en el Nuevo Testamento (1). En términos de Todorov, “Justicia” es el otro nombre con el que conocemos a la memoria crítica (o ejemplar) . La memoria no consiste en un vano y evasivo juego de palabras o de abstracciones que soslayan lo que de veras importa; no es un juego de espejos. Estamos hablando de nuestro prójimo, no del escueto “Ser” o de la “Idea Absoluta”. Se trata de la memoria del sufrimiento real de las víctimas, de personas de carne y hueso, con nombre propio, esos decenas de miles de seres humanos concretos cuya tragedia la “clase política” se esfuerza por desconocer (piénsese en el caso de Putis). Se trata de recuperar críticamente esa historia, y hacerla realmente nuestra.
(1) No se trataría pues de una "memoria ideológica" - como alguien podría insinuar, erróneamente -, sino de una genuina memoria ética. A quienes consideran que en el mundo ordinario (el supuesto espacio de las "ideologías") no "habita la verdad", habría que responderles - con Sócrates y Iris Murdoch - que si el pensamiento no brota del mundo ordinario, y no pretende permanecer en él para observar ese mundo con nuevos ojos, se torna inútil (y por demás frívolo).
creo que basta ver la manera como el gobierno actual trata los conflictos con los pueblos nativos o con los campesinos para ver de nuevo en el "espacio ordinario" la verdad del informe de la CVR. Ninguneados, despreciados, tachados de incapaces de pensar y concertar, negados en sus derechos y acusados de terroristas por defender su tierra, que no es sólo "mercancia" que se compra y se vende como lo es para los grupos de poder económico, sino que barca toda una gama de dimensiones profundas y de vínculos con la existencia.
ResponderEliminarSugiero, para los creyentes (y para los no cereyentes pero creyentes en la verdad), una lectura de la historia de Nabot (1 Re 21)para encontrar la misma situación que vivimos ahora.
Hemos hecho el ejercicio de lectura dialogada de los tres textos (Biblia, informe de la CVR y realidad actual)con mis alumnos de la universidad Champagnat en el curso de "Profetas" y ha resultado fascinante.
Estimado Juan:
ResponderEliminarDe acuerdo contigo. A juzgar por el desdén con el que el gobierno trata el Informe de la CVR, toca a la sociedad civil discutirlo y difundirlo.
Un abrazo,
Gonzalo.