LA CVR Y LA OPCIÓN POR LA VERDAD

Gonzalo Gamio Gehri


Se han cumplido ya más de tres años desde que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación presentó su Informe Final a la sociedad peruana. El país recuerda el hecho, una vez más, en medio de la polémica y la incertidumbre. Las víctimas de la violencia y un sector mayoritario de la sociedad civil perseveran en la lucha democrática por la justicia y la reparación de los afectados, mientras que buena parte de los políticos y cierta prensa dirigen sus baterías una vez más contra los ex comisionados, y contra un informe que puso de manifiesto la magnitud de la tragedia vivida en medio de la indiferencia del “Perú oficial”. El gobierno peruano ha asumido a su vez una actitud ambigua frente al documento: de un lado, resulta esperanzador que el primer ministro Jorge del Castillo haya anunciado medidas orientadas al cumplimiento del Plan Integral de Reparaciones; de otro, el silencio del discurso presidencial frente al tema de los Derechos Humanos, la complacencia del oficialismo frente a la campaña populista en pro de la pena de muerte y su desconcertante proximidad con el fujimorismo fortalecen el escepticismo de quienes razonablemente dudamos acerca de la buena voluntad de la nueva administración respecto a la aplicación de las reformas propuestas por la CVR.

Es que – más allá de los buenos gestos del primer ministro – las circunstancias se han manifestado contrarias a la causa de la verdad y la justicia: después de tres años de entregado el informe, las únicas personas que han sido efectivamente procesadas a causa del documento han sido los propios ex comisionados, denunciados injustamente ante los tribunales por militares en retiro involucrados en la dirección de las antiguas zonas de emergencia y por políticos vinculados a la dictadura fujimorista. La CVR ha sido víctima de una sistemática campaña de demolición, que va desde el ataque mediático difamatorio hasta las cobardes amenazas anónimas, una campaña orquestada por quienes se esfuerzan por asegurar el imperio de una “historia oficial” que manipula las cifras y encubre la faz de los perpetradores. Ellos no le perdonan a la CVR el haber escuchado la voz de quienes fueron golpeados por el terror subversivo o por la represión militar o policial, no fueron acogidos por el Estado y las instituciones sociales cuando denunciaron la desaparición de los suyos, y exigieron se castigue a los culpables. Prácticamente el grueso de nuestra autodenominada “clase dirigente” ha demandado que simplemente se guarde silencio frente al clamor de las víctimas.

No obstante, el silencio no cicatriza las heridas, ni restaura el tejido social dañado por la violencia, la exclusión y el menosprecio. “Hay una amarguísima fábula moral oculta bajo la masa de hechos conocidos y por conocer” – sostiene Salomón Lerner en La Rebelión de la Memoria – que debemos descifrar para lograr que nuestra patria se convierta en “un recinto de realización humana para todos”. La ansiada reconciliación y el fortalecimiento del sistema democrático no podrán hacerse efectivos mientras el trabajo de la memoria y la justicia permanezca pendiente. Ante este desafío, nuestra “clase dirigente” ha elegido sistemáticamente mirar hacia otro lado y no exponerse a perder réditos políticos examinándose en el reflejo crítico de la historia. Lo suyo no ha sido, ni parece ser la opción por la verdad: muchos apuestan por el olvido y la impunidad.

Podremos descubrir en los próximos meses qué dirección tomará la política del gobierno en torno a las recomendaciones de la CVR, si se concretará el proyecto anunciado por la PCM o prevalecerá la voluntad del entorno presidencial (integrado por no pocos detractores del trabajo de la CVR), escasamente comprometido con la agenda de la transición democrática. De todos modos, sabemos que – por fortuna – la vida cívica no se reduce a los quehaceres de la “clase política”: las instituciones de la sociedad civil han asumido con valentía y lucidez la opción por la recuperación de la memoria. Universidades, escuelas e iglesias han recurrido ya al Informe Final como fuente de reflexión crítica y discusión en torno a los nudos de nuestra historia reciente y a las posibilidades de la reconstrucción democrática en el país. Esa clase de trabajo ético constituye un momento decisivo en la puesta en marcha del proceso de reconciliación.