La CVR y la “clase política”
EL ÁRBOL Y EL BOSQUE
Gonzalo Gamio Gehri
A más de dos meses de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), puede constatarse que – al menos entre los políticos - el documento ha sido más comentado que leído, más vituperado que discutido. Mientras la Sociedad Civil (y en su interior sobre todo los jóvenes), se muestra dispuesta a asumir la difícil pero irrenunciable tarea de recuperar nuestra memoria y someter a discusión un estudio tan serio de nuestra historia reciente, la autodenominada “clase política” ha pretendido cerrar los ojos frente a su propia responsabilidad en los años del conflicto armado interno. La indiferencia frente al sufrimiento de los más débiles, la condescendencia frente a la violencia, la inexistencia de políticas de inclusión social parecen ser fenómenos que no conciernen a su actuación pública.
La mayoría de nuestros políticos ha desdeñado irresponsablemente el Informe Final, oscilando entre la ironía y el insulto como respuesta frente a un trabajo de investigación e interpretación que ha durado dos años, trabajo que ha confrontado a comisionados e investigadores con la amargura, la frustración y el anhelo de justicia de miles de víctimas de la peor tragedia vivida en nuestro país. Resulta francamente vergonzoso ver a Rafael Rey y a Víctor Andrés García Belaúnde regatear el número de muertos, como si se tratase tan sólo de cifras, o escuchar las delirantes especulaciones de Barba acerca de una hipotética amnistía a los criminales subversivos. Algunos políticos se han apresurado en pretender que no se acuse a los efectivos de las FFAA que hayan incurrido en delitos contra la vida, para evitar que se “desmoralice” a la institución militar, sin sospechar que la mejor forma de degradar a las FFAA consiste precisamente en fomentar el imperio de la impunidad entre sus filas. La ciudadanía ha podido constatar el extraordinario grado de mala fe de muchos de nuestros políticos, la escasa disposición a la lectura crítica y la casi nula capacidad de autocrítica de aquellos que, desde el Parlamento o el Ejecutivo tuvieron algún tipo de poder de decisión en las dos últimas décadas. El trabajo y el Informe de la CVR han servido también para que los peruanos sepamos quién es quién en nuestra “clase política”. No debe extrañarnos que las esperanzas acerca del futuro de la democracia estén ahora cifradas especialmente en las instituciones y los movimientos de la Sociedad Civil, que constituyen espacios de vigilancia respecto del ejercicio del poder.
El Informe Final de la CVR ha echado nuevas luces sobre la manera como la tentación autoritaria ha conspirado contra la democracia peruana desde su recuperación en 1980. La penosa abdicación del poder por parte del gobierno civil en favor de las FFAA en las zonas golpeadas por la violencia terrorista sientan las bases de lo que después daría forma a los métodos de control político – militar bajo la tenebrosa dictadura fujimorista. El acoso a la prensa independiente y las desapariciones forzadas tuvieron su origen en el repliegue voluntario de los gobiernos democráticos frente al poder militar, y en el silencio indolente y la inoperancia de los políticos frente a las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y el avance de los grupos subversivos. La dupla Fujimori – Montesinos sólo amplió maquiavélicamente el radio de acción de los mismos métodos: convirtió el país entero en una gigantesca zona de emergencia.
Pero la “clase política” ha optado por la ceguera voluntaria, por aplicar la lógica del Avestruz. Hasta el día de hoy no acusan una lectura detenida del texto, han preferido quedarse en las cuestiones anecdóticas, dejando de lado los problemas de fondo; una vez más, la imagen del árbol les impide la visión del bosque. Ello implica “hacer política” a espaldas del país, a espaldas de quienes deberían representar. Resulta desconcertante constatar como un ex presidente suspira aliviado al saber que la CVR sólo ha encontrado responsabilidad política en relación con los sucesos de los penales, como si ésta fuese igual a cero.
Mientras la difusión del Informe Final y actividades culturales como la muestra fotográfica Yuyanapaq convocan a los jóvenes y promueven el debate riguroso sobre el tema al interior de universidades, escuelas, asociaciones voluntarias y grupos de reflexión, la "clase política” ha regresado a la discusión menuda y a sus preocupaciones coyunturales. El reconocimiento de los errores del pasado y la buena disposición a aprender de los mismos hubiese constituido un signo importante de la aproximación de los políticos hacia la sociedad y sus aspiraciones de justicia y reconciliación. En este contexto, la ciudadanía ha caído en la cuenta de que, en el corazón mismo de la vida democrática, los (imprescindibles) mecanismos de representación política no deben sustituir jamás a la participación cívica desde los fueros de la Sociedad Civil, que los procesos regeneración del tejido social involucran el compromiso de cada ciudadano.
[1] Profesor de Filosofía de la PUCP.
EL ÁRBOL Y EL BOSQUE
Gonzalo Gamio Gehri
A más de dos meses de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), puede constatarse que – al menos entre los políticos - el documento ha sido más comentado que leído, más vituperado que discutido. Mientras la Sociedad Civil (y en su interior sobre todo los jóvenes), se muestra dispuesta a asumir la difícil pero irrenunciable tarea de recuperar nuestra memoria y someter a discusión un estudio tan serio de nuestra historia reciente, la autodenominada “clase política” ha pretendido cerrar los ojos frente a su propia responsabilidad en los años del conflicto armado interno. La indiferencia frente al sufrimiento de los más débiles, la condescendencia frente a la violencia, la inexistencia de políticas de inclusión social parecen ser fenómenos que no conciernen a su actuación pública.
La mayoría de nuestros políticos ha desdeñado irresponsablemente el Informe Final, oscilando entre la ironía y el insulto como respuesta frente a un trabajo de investigación e interpretación que ha durado dos años, trabajo que ha confrontado a comisionados e investigadores con la amargura, la frustración y el anhelo de justicia de miles de víctimas de la peor tragedia vivida en nuestro país. Resulta francamente vergonzoso ver a Rafael Rey y a Víctor Andrés García Belaúnde regatear el número de muertos, como si se tratase tan sólo de cifras, o escuchar las delirantes especulaciones de Barba acerca de una hipotética amnistía a los criminales subversivos. Algunos políticos se han apresurado en pretender que no se acuse a los efectivos de las FFAA que hayan incurrido en delitos contra la vida, para evitar que se “desmoralice” a la institución militar, sin sospechar que la mejor forma de degradar a las FFAA consiste precisamente en fomentar el imperio de la impunidad entre sus filas. La ciudadanía ha podido constatar el extraordinario grado de mala fe de muchos de nuestros políticos, la escasa disposición a la lectura crítica y la casi nula capacidad de autocrítica de aquellos que, desde el Parlamento o el Ejecutivo tuvieron algún tipo de poder de decisión en las dos últimas décadas. El trabajo y el Informe de la CVR han servido también para que los peruanos sepamos quién es quién en nuestra “clase política”. No debe extrañarnos que las esperanzas acerca del futuro de la democracia estén ahora cifradas especialmente en las instituciones y los movimientos de la Sociedad Civil, que constituyen espacios de vigilancia respecto del ejercicio del poder.
El Informe Final de la CVR ha echado nuevas luces sobre la manera como la tentación autoritaria ha conspirado contra la democracia peruana desde su recuperación en 1980. La penosa abdicación del poder por parte del gobierno civil en favor de las FFAA en las zonas golpeadas por la violencia terrorista sientan las bases de lo que después daría forma a los métodos de control político – militar bajo la tenebrosa dictadura fujimorista. El acoso a la prensa independiente y las desapariciones forzadas tuvieron su origen en el repliegue voluntario de los gobiernos democráticos frente al poder militar, y en el silencio indolente y la inoperancia de los políticos frente a las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y el avance de los grupos subversivos. La dupla Fujimori – Montesinos sólo amplió maquiavélicamente el radio de acción de los mismos métodos: convirtió el país entero en una gigantesca zona de emergencia.
Pero la “clase política” ha optado por la ceguera voluntaria, por aplicar la lógica del Avestruz. Hasta el día de hoy no acusan una lectura detenida del texto, han preferido quedarse en las cuestiones anecdóticas, dejando de lado los problemas de fondo; una vez más, la imagen del árbol les impide la visión del bosque. Ello implica “hacer política” a espaldas del país, a espaldas de quienes deberían representar. Resulta desconcertante constatar como un ex presidente suspira aliviado al saber que la CVR sólo ha encontrado responsabilidad política en relación con los sucesos de los penales, como si ésta fuese igual a cero.
Mientras la difusión del Informe Final y actividades culturales como la muestra fotográfica Yuyanapaq convocan a los jóvenes y promueven el debate riguroso sobre el tema al interior de universidades, escuelas, asociaciones voluntarias y grupos de reflexión, la "clase política” ha regresado a la discusión menuda y a sus preocupaciones coyunturales. El reconocimiento de los errores del pasado y la buena disposición a aprender de los mismos hubiese constituido un signo importante de la aproximación de los políticos hacia la sociedad y sus aspiraciones de justicia y reconciliación. En este contexto, la ciudadanía ha caído en la cuenta de que, en el corazón mismo de la vida democrática, los (imprescindibles) mecanismos de representación política no deben sustituir jamás a la participación cívica desde los fueros de la Sociedad Civil, que los procesos regeneración del tejido social involucran el compromiso de cada ciudadano.
[1] Profesor de Filosofía de la PUCP.
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