LA CAMPAÑA ELECTORAL Y LOS DERECHOS HUMANOS
Gonzalo Gamio Gehri
De todas las cuestiones que han sido planteadas en el contexto del debate político pre-electoral, es el tema de los Derechos Humanos el que brilla por su ausencia. La mayoría de los candidatos - y las agrupaciones políticas que representan - prometen a sus electores implantar un “gobierno fuerte”, provisto de “mano dura”, pero no incorporan en su discursos las demandas de verdad y de justicia para con las víctimas de la violencia interna. Pareciera que el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) jamás hubiese sido escrito y presentado a la sociedad peruana y a sus instituciones. Se exige que el gobierno tome acciones raudas frente a los cobardes atentados terroristas perpetrados hace unos días, pero no se recurre al trabajo de la CVR como una investigación relevante y fecunda para la elaboración de una estrategia antisubversiva integral e inteligente. Decididamente, nos cuesta aprender de nuestros errores, y no nos importa tropezar con la misma piedra.
El tema de los Derechos Humanos ha desaparecido de la agenda electoral de nuestros políticos. Echemos un vistazo a las planchas y a los equipos de los diferentes partidos y frentes electorales. El APRA nos propone un vicepresidente militar en retiro, de trayectoria fujimorista, cuestionado precisamente por su controvertida participación en la debelación del motín en El Frontón, y por su entusiasta colaboración en la funesta campaña de desprestigio contra el trabajo de la CVR y contra sus miembros. Uno de los componentes de la plancha de Unidad Nacional – representante de uno de los grupos de interés económico más poderosos del Perú, tampoco ajeno al juego de seducción de Montesinos – ha confesado sin pudor alguno, en un programa periodístico (ante la sorpresa de su conductora), no haber leído sustancialmente el Informe de la CVR, y, sin embargo, no duda en pronunciarse allí mismo sobre el particular. La causa del novísimo y visceral “nacionalismo” humalista, por su parte, cuenta entre sus principales cuadros, de acuerdo con investigaciones recientes, a ex militares vinculados a la dictadura fujimontesinista. El Frente de Centro hace gala de un curioso silencio frente al tema del derecho a la verdad y la reparación de las víctimas.
Sorprende la pavorosa insensibilidad de los políticos frente al dolor y el anhelo de justicia de las víctimas del conflicto interno. En los últimos días, Luis Iberico ha planteado la aplicación de una “nueva ley de amnistía” para los efectivos de las Fuerzas Armadas acusados por crímenes de lesa humanidad. Con esta propuesta, el congresista “moralizador” se ha colocado – con los fujimoristas que en el pasado combatió – en el bando de quienes defienden la causa de la impunidad. Argumenta en su favor que con esta medida será posible “elevar la moral” de los militares que marchen a enfrentar al terrorismo. Como si la ilegal entrega de un cheque en blanco garantizara un trabajo eficaz en materia represiva. Se ha dicho, con razón, que esta medida buscaría “captar” el voto militar para el partido de su autor. No se percatan Iberico y sus aliados de que con propuestas como ésta transmitimos un patético mensaje, profundamente antidemocrático e inmoral: que los miembros de ciertas instituciones pueden situarse por encima de la ley, con el eventual beneplácito de las autoridades y de un sector de la ciudadanía. No existe labor ni propósito – por nobles que estos sean; en este caso, la defensa del Estado en contra del terror – que pueda avalar los crímenes contra la vida y la integridad de las personas. El gestor de esta iniciativa política se defiende aseverando que la amnistía sólo beneficiaría a los militares inocentes, y no a los violadores de los Derechos Humanos. Aduce que es preciso separar la paja del trigo. No obstante, son los procesos judiciales los que distinguen la una del otro. Los buenos militares, los que se condujeron heroicamente en defensa de la sociedad y de la Constitución, merecen el reconocimiento de la ley; no la impunidad ni el olvido. No deben sustraerse a la acción de la justicia. Tampoco necesitarían apelar a una argucia política como una amnistía.
Una vez más – con la complaciente condescendencia de una facción mayoritaria de la “clase política” – se trata de desatender a las víctimas y de pretender acallar su voz. En el camino, los políticos no han temido incluso enarbolar con el entorno fujimorista el estandarte del silencio frente a la memoria y a la justicia. Esta actitud indolente e insensata pone de manifiesto en qué medida quienes padecieron violencia y exclusión (en su mayoría campesinos, habitantes del ande y de la Amazonía) siguen siendo considerados ciudadanos de segunda clase, “peruanos invisibles” por quienes dicen representarlos.
Gonzalo Gamio Gehri
De todas las cuestiones que han sido planteadas en el contexto del debate político pre-electoral, es el tema de los Derechos Humanos el que brilla por su ausencia. La mayoría de los candidatos - y las agrupaciones políticas que representan - prometen a sus electores implantar un “gobierno fuerte”, provisto de “mano dura”, pero no incorporan en su discursos las demandas de verdad y de justicia para con las víctimas de la violencia interna. Pareciera que el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) jamás hubiese sido escrito y presentado a la sociedad peruana y a sus instituciones. Se exige que el gobierno tome acciones raudas frente a los cobardes atentados terroristas perpetrados hace unos días, pero no se recurre al trabajo de la CVR como una investigación relevante y fecunda para la elaboración de una estrategia antisubversiva integral e inteligente. Decididamente, nos cuesta aprender de nuestros errores, y no nos importa tropezar con la misma piedra.
El tema de los Derechos Humanos ha desaparecido de la agenda electoral de nuestros políticos. Echemos un vistazo a las planchas y a los equipos de los diferentes partidos y frentes electorales. El APRA nos propone un vicepresidente militar en retiro, de trayectoria fujimorista, cuestionado precisamente por su controvertida participación en la debelación del motín en El Frontón, y por su entusiasta colaboración en la funesta campaña de desprestigio contra el trabajo de la CVR y contra sus miembros. Uno de los componentes de la plancha de Unidad Nacional – representante de uno de los grupos de interés económico más poderosos del Perú, tampoco ajeno al juego de seducción de Montesinos – ha confesado sin pudor alguno, en un programa periodístico (ante la sorpresa de su conductora), no haber leído sustancialmente el Informe de la CVR, y, sin embargo, no duda en pronunciarse allí mismo sobre el particular. La causa del novísimo y visceral “nacionalismo” humalista, por su parte, cuenta entre sus principales cuadros, de acuerdo con investigaciones recientes, a ex militares vinculados a la dictadura fujimontesinista. El Frente de Centro hace gala de un curioso silencio frente al tema del derecho a la verdad y la reparación de las víctimas.
Sorprende la pavorosa insensibilidad de los políticos frente al dolor y el anhelo de justicia de las víctimas del conflicto interno. En los últimos días, Luis Iberico ha planteado la aplicación de una “nueva ley de amnistía” para los efectivos de las Fuerzas Armadas acusados por crímenes de lesa humanidad. Con esta propuesta, el congresista “moralizador” se ha colocado – con los fujimoristas que en el pasado combatió – en el bando de quienes defienden la causa de la impunidad. Argumenta en su favor que con esta medida será posible “elevar la moral” de los militares que marchen a enfrentar al terrorismo. Como si la ilegal entrega de un cheque en blanco garantizara un trabajo eficaz en materia represiva. Se ha dicho, con razón, que esta medida buscaría “captar” el voto militar para el partido de su autor. No se percatan Iberico y sus aliados de que con propuestas como ésta transmitimos un patético mensaje, profundamente antidemocrático e inmoral: que los miembros de ciertas instituciones pueden situarse por encima de la ley, con el eventual beneplácito de las autoridades y de un sector de la ciudadanía. No existe labor ni propósito – por nobles que estos sean; en este caso, la defensa del Estado en contra del terror – que pueda avalar los crímenes contra la vida y la integridad de las personas. El gestor de esta iniciativa política se defiende aseverando que la amnistía sólo beneficiaría a los militares inocentes, y no a los violadores de los Derechos Humanos. Aduce que es preciso separar la paja del trigo. No obstante, son los procesos judiciales los que distinguen la una del otro. Los buenos militares, los que se condujeron heroicamente en defensa de la sociedad y de la Constitución, merecen el reconocimiento de la ley; no la impunidad ni el olvido. No deben sustraerse a la acción de la justicia. Tampoco necesitarían apelar a una argucia política como una amnistía.
Una vez más – con la complaciente condescendencia de una facción mayoritaria de la “clase política” – se trata de desatender a las víctimas y de pretender acallar su voz. En el camino, los políticos no han temido incluso enarbolar con el entorno fujimorista el estandarte del silencio frente a la memoria y a la justicia. Esta actitud indolente e insensata pone de manifiesto en qué medida quienes padecieron violencia y exclusión (en su mayoría campesinos, habitantes del ande y de la Amazonía) siguen siendo considerados ciudadanos de segunda clase, “peruanos invisibles” por quienes dicen representarlos.
La crítica hecha sobre la grave ausencia del tema de los derechos humanos en estos tiempos de elecciones es evidente. Además, hubo necesidad de la mención de esta ausencia. Ahora bien, a manera de una opinión suya, cómo cree que se podría incluir temas como estos que tienen la capacidad de ser tan fácilmente utilizados por los contendores en contra de un postulante a la presidnecia o al congreso. (En esta pregunta estoy suponiendo, que la explicación de estos temas necesitan de un tiempo considerable para lograr ser captados de buena manera)
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