LA VERDAD Y LA COMISIÓN

Gonzalo Gamio Gehri

Hace unos días, en una entrevista publicada en El Comercio, Víctor Andrés García Belaúnde señala con cierta irritación sus desacuerdos con la CVR. Indica que intentó convencer al ex presidente Paniagua de la presunta inconveniencia de formar una Comisión de la Verdad. Deslizó la idea de que  ex presidente Belaúnde sostenía que “la verdad no requiere de comisiones”. Incluso afirmó de manera irresponsable en torno a la cifra de muertos y desaparecidos que la CVR habría establecido que  “(los comisionados) hablan de 69 mil muertos, ¿dónde están las partidas de defunción de esas personas?”.  García Belaúnde aparentemente no tiene idea de la penosa situación de indocumentación que padecen tantos peruanos, aún hoy, en lugares a los que el Estado no llega, por cierto, los mismos lugares que años atrás sufrieron la violencia terrorista y represiva. El papel lo aguanta todo. Salomón Lerner Febres ha respondido con justicia y severidad los infundios del congresista en su columna en La República.

Llama la atención que García Belaúnde esté tan poco informado acerca del importante trabajo en las audiencias públicas y las diecisiete mil de testimonios recabados por la CVR en zonas altoandinas y amazónicas: escuchar la voz de las víctimas constituye una condición esencial en los procesos de justicia que emprende una Comisión de la Verdad. Tampoco examina con un mínimo detenimiento las conclusiones del documento. El Informe Final – lamentablemente – ha sido muy mal recibido por nuestra autodenominada “clase política”, que no lo ha leído ni examinado. Ello explica la  inocultable ignorancia que exhibe el congresista al declarar a la prensa sobre esta materia.

Curioso que el legislador sostenga – amparándose en una supuesta aseveración del antiguo caudillo de su partido – que la verdad no requiera de ser acometida ni investigada por un grupo de ciudadanos y de especialistas. No es cierto que en la precaria democracia que vivimos en los años ochenta la información sobre lo que acontecía en materia de violaciones a los derechos humanos estuviese simplemente a disposición de los medios de comunicación y de las instituciones de la sociedad civil, como sostiene el parlamentario. En tiempos del segundo gobierno de Belaúnde  tuvo lugar uno de los momentos más nefastos en cuanto a muertes y desapariciones forzadas; obtener información sobre la situación de las víctimas era una tarea difícil y enormemente peligrosa. Lo que dice García Belaúnde al respecto no es verdad.

Las opiniones del congresista de AP convergen perfectamente con la perspectiva del sector más conservador de la política peruana. Ello no nos sorprende, pero no debería llevarnos a pensar que se trata del punto de vista de su partido. Juan Incháustegui – ex ministro y antiguo militante de Acción Popular – escribió elúltimo domingo una carta a La República, suscribiendo los términos de la columna de Salomón Lerner en la que se critica la escuálida interpretación que esboza García Belaúnde del trabajo de la CVR. La carta destaca la vocación democrática de Valentín Paniagua, así como su convicción de que resultaba positiva la formación de la Comisión de la Verdad. El texto de Incháustegui es realmente contundente.

“Señor Director:

Quiero expresar mi total coincidencia de lo sostenido por Salomón Lernes Febres en la edición del diario La República del día 22 de octubre sobre el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad. En primer lugar, como testigo presencial de la preocupación del presidente Valentín Paniagua de la necesidad de conocer la verdad de lo ocurrido durante los años críticos de la irrupción de Sendero Luminoso con su prédica y acción criminal y de su valiente  decisión –sustentada además en los pedidos expresos de los candidatos a la presidencia de esos momentos–  de crear la Comisión, debo decir que tanto el proceso de conformación de la comisión como el respeto absoluto a su independencia, a pesar de las implicaciones que esa determinación pudiera haber generado al gobierno del presidente Belaunde, fueron una prueba fehaciente de la indeclinable vocación democrática de Paniagua que fue siempre superior a cualquier otra consideración política o partidaria. Asimismo, la labor de la Comisión no podría en modo alguno ser tildada de motivación o conducta deshonesta, pues se condujo con total probidad, que además resultaba una consecuencia natural de la calidad moral, de todos y cada uno de sus integrantes.

Juan Incháustegui Vargas. Exministro de Energía y Minas”.

La carta parece una llamada de atención a García Belaúnde por sus destempladas declaraciones en contra de la CVR en El Comercio. En todo caso, se trata de un claro deslinde en torno a la pertinencia de la formación de la Comisión de la Verdad por parte de Paniagua. Es pertinente recordar que se trataba de un gobierno de transición y no de un gobierno de Acción Popular. Las medidas tomadas por Panuiagua estaban orientadas a la tarea de reconstruir la institucionalidad democrática, no en honrar un programe partidario. La creación de la Comisión obedece al desarrollo de un proyecto de política  transicional.

DOS PUBLICACIONES SOBRE SOCIEDAD LIBERAL Y ESTADO LAICO

Gonzalo Gamio Gehri

En los últimos meses he publicado dos ensayos acerca del vínculo entre sociedad liberal y Estado laico, tema al que he dirigido mis investigaciones más recientes. El primero es un estudio publicado en España – en Miscelánea Comillas, la revista de Ciencias Humanas y Sociales de la U.P. de Comillas -, titulado Libertad de creer. Justicia y libertad religiosa en la sociedad liberal, cuyas bases expuse inicialmente en el último Congreso de ALCADECA celebrado en la PUCP.  Se trata de un ensayo sobre los efectos del pluralismo liberal en la comprensión de las libertades religiosas, en diálogo con el concepto de “estipulación” y con la idea de “pluralismo razonable” en el segundo Rawls, así como la perspectiva crítica de Walzer y Nussbaum.

El segundo es un breve ensayo publicado en el Portal Pólemos, titulado Democracia liberal y Estado laico. Se trata de una reflexión arraigada en el Perú, en medio de una polémica estrícta – de carácter político a la vez que académico – sobre las posibilidades de contar con un Estado aconfesional en el país. Este artículo es fruto de una contribución inicial, publicada en la página virtual del diario La República y de un escrito de este blog. 

GENERACIONES, IDEAS Y CONTEXTOS

Gonzalo Gamio Gehri

Toda perspectiva intelectual se nutre de un contexto histórico, social y político. Dicho contexto – movimientos, conflictos sociales, hechos políticos, manifestaciones culturales - no determina la vida del intelecto, pero sí la enmarca y contribuye a hace inteligibles algunos motivos de reflexión y de práctica. El contexto constituye el trasfondo del trabajo del espíritu. No podríamos entender la Ética de Aristóteles sino consideramos el impacto del ocaso de la pólis y el desarrollo y declive del imperio macedónico; sería complicado concebir con claridad los argumentos centrales de la filosofía política de Hegel sin aludir a los conflictos generados en el proceso de la revolución francesa que desemboca en el terror. Hace unos años, Richard Bernstein mostró-  en un agudo estudio sobre el mal - cuán importante había sido la dura experiencia de la guerra civil estadounidense para el surgimiento y desarrollo del pragmatismo. El trasfondo nunca agota el pensamiento, pero sí le otorga un escenario de interlocución y formulación de problemas.

Hace unos días – conversando con Alessandro Caviglia – nos preguntábamos qué acontecimientos históricos y procesos, salvando las importantes distancias, por supuesto, les brindaban un horizonte de preocupaciones, experiencias e interrogantes a los artistas, poetas, intelectuales e investigadores de nuestra generación. Sin dudarlo, respondimos que el conflicto armado interno que desangró al país entre 1980 y 2000, así como el imperio de la antipolítica bajo el régimen de Alberto Fujimori. Los atentados subversivos, la noticia de las acciones delictivas de los grupos terroristas y la represión militar marcaron nuestra niñez, adolescencia y juventud. El hallazgo de fosas clandestinas y hornos crematorios para ocultar restos humanos – entre otras evidencias – prueban que tales expresiones de violencia directa tuvieron lugar. Numerosos estudios han documentado estos hechos, entre ellos el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. El desarrollo de la violencia y el terror coexistió con la recuperación de la democracia en 1980, pero también con la instalación de gobiernos que incurrieron en sonoros casos de corrupción, que renunciaron a su misión de proteger los derechos de los peruanos más vulnerables y no tomaron decisiones conducentes a enfrentar estos actos de violencia desde la observancia de la ley y la institucionalidad democrática. Un sector importante de la población estuvo dispuesto a negociar derechos fundamaentales a cambio de “eficacia” en el tratamiento de problemas de seguridad y estabilidad económica. En la década de los noventa el Perú se vio sumido en un régimen autoritario que no dudó en recortar libertades, desmantelar instituciones y comprar conciencias para preservar su poder.

Nuestra generación ya está desarrollando obras en torno a la significación compleja y trágica del conflicto armado interno, su terrible impacto en nuestro país y en sus instituciones. En clave de reflexión testimonial, destacan Diario de vida y muerte de Carlos Flores Lizana, Memorias de un soldado desconocido, de Lurgio Gavilán, y Los rendidos de José Carlos Agüero, entre otros libros importantes sobre la materia. Estos tres textos en particular, constituyen un giro relevante en los estudios sobre la memoria. La relación entre esta difícil etapa de nuestra historia y el desarrollo de la actividad intelectual, así como sus efectos en la vida pública constituye un tema ineludible de reflexión conducente a forjar una compresión más lúcida de nuestra historia reciente. A diferencia de nuestros políticos, periodistas y algunas autoridades sociales – que evitan el tema o lo abordan desde el prejuicio o lamentables lugares comunes -, existe un grupo de ciudadanos que sí consideran fecunda la discusión rigurosa sobre la memoria en el Perú. Sin examinar el pasado, resulta difícil para los peruanos construir un futuro para la sociedad en términos de libertad y justicia.

¿QUÉ SIGNIFICA ‘RECONCILIACIÓN’ EN UN SENTIDO SOCIAL Y POLÍTICO?

Gonzalo Gamio Gehri

La discusión en torno al cumplimiento de las penas de terroristas ha reeditado la polémica en torno al concepto de “reconciliación”; se ha aludido muchas veces – generalmente de forma imprecisa – al Informe Final de la CVR. Es una polémica importante e intentaré seguir aquí algunos de sus argumentos, más allá de cuáles sean sus fuentes mediáticas específicas, porque estos argumentos han aparecido más de una vez en el espacio público. Entonces los reseñaré de un modo sintético. Diversos periodistas y observadores políticos han sostenido que, en la perspectiva del documento, la reconciliación supondría una suerte de “entendimiento” y de restablecimiento de “buenas relaciones” entre los protagonistas del conflicto armado interno, entre ellos los grupos terroristas. Esta afirmación es notoriamente falsa. El IF-CVR señala que la sociedad peruana es sujeto de reconciliación, en un nivel político, social e interpersonal. Las organizaciones terroristas y aquellos malos agentes del Estado que lesionaron derechos humanos no forman parte del proceso de reconciliación: a ellos les esperan las sanciones que establezca la justicia en el terreno legal.

En esta precaria discusión nacional sobre la “reconciliación” – su pertinencia, legitimidad, su viabilidad – la CVR es el único interlocutor que ofrece una definición de reconciliación. Avanzaríamos un poco más si la examinamos sin distorsionarla, más allá de si pretendemos defenderla o refutarla. El primer paso siempre es reconstruir con rigor un argumento, para luego discutir su validez o pasar al momento de la defensa o al de la crítica. La CVR entiende por “reconciliación” un proceso bastante preciso. Se trata de un proceso histórico que involucra un cambio en las mentalidades, en las prácticas y en las instituciones. No implica la justificación del vencido (¿Cuál sería esta justificación?)  ni alguna forma de “borrón y cuenta nueva”, presente o futura. Tampoco implica “reconocerles razones” a quienes intentaron imponer a sangre y fuego una ideología violenta y totalitaria: resulta claro que el ejerci,cio de la violencia supone renunciar al terreno del intercambio de razones. Resulta absurdo atribuirle a la Comisión propósitos que no se siguen del Informe. Esa no es la forma de entablar un debate fructífero.

“La CVR entiende por ‘reconciliación’ el restablecimiento y la refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos, vínculos voluntariamente destruidos o deteriorados en las últimas décadas por el estallido, en el seno de una sociedad en crisis, de un conflicto violento iniciado por el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. El proceso de reconciliación es posible, y es necesario, por el descubrimiento de la verdad de lo ocurrido en aquellos años – tanto en lo que respecta al registro de los hechos violentos como a la explicación de las causas que los produjeron – así como por la acción reparadora y sancionadora de la justicia.”[1]

Es cierto que la subversión fue derrotada en el plano bélico, concebido de manera amplia. Una victoria que todos los peruanos debemos celebrar. El cambio de estrategia, el énfasis en el trabajo de inteligencia – en particular el GEIN de la policía -, y la acción de los Comités de autodefensa rindieron sus frutos. Es discutible sostener que se trató en sentido estricto de una victoria exclusiva del fujimorismo. De hecho, el GEIN fue formado durante el gobierno de García, no contó con un gran apoyo durante el régimen de Fujimori, que lo disolvió poco después de que fuera capturado Abimael Guzmán. Debe constar que tal victoria tuvo lugar bajo el fujimorato – hecho que no se puede negar -, pero la historia es más compleja. La investigación política del fenómeno debe tomar en cuenta esta complejidad. De lo contrario, dicha historia resultará simplificada y sesgada.

La reconciliación tiene lugar en el ámbito de las relaciones entre los ciudadanos, las comunidades y las instituciones. Se trata de un proyecto que no puede ser impuesto, sin duda, y que toma tiempo, probablemente grandes extensiones de tiempo. Insisto en que libros como los de Lurgio Gavilán y José Carlos Agüero echan luces sobre las posibilidades y dificultades de la reconciliación. Se trata de responder a la pregunta que se formula como título de este post. El IF-CVR es sólo un interlocutor en esta discusión,  un interlocutor que tiene un buen andamiaje conceptual a su favor. No obstante, este debate puede transitar otros caminos. Si queremos suscitar un debate fructífero sobre este punto, debemos todos abandonar el terreno de los estereotipos usados en la confrontación política diaria, y arribar al terreno de la deliberación pública. La calidad de los argumentos contribuirá a brindarle rigurosidad a la discusión y fortalecerá nuestros espacios públicos.

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[1]Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final (Tomo I) Lima, UNMSM – PUCP 2004  p. 63 (las cursivas son mías).